El Consejo de Ministros empezará a desmontar la reforma laboral el próximo martes. Será una parte pequeña: el despido justificado de empleados que hayan faltado ocho días o más al trabajo estando de baja médica en dos meses. Y lo hará por decreto ley, es decir, entrará en vigor inmediatamente y después tendrá que convalidarse en el Congreso. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así lo anunció ayer después de que su compañera de Gabinete, la responsable de Economía, Nadia Calviño, ya declarase el domingo al The Financial Times que esta medida concitaba un amplio consenso.
El despido de un empleado por faltar al trabajo ocho días o más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro meses aunque esas ausencias estén justificadas médicamente es legal desde hace décadas en España. Pero tenía que cumplirse un requisito más: el índice agregado de absentismo en el centro de trabajo del empleado despedido debía superar el 2,5%.
Esto cambió con la reforma laboral de 2012, que individualizó el despido al eliminar la exigencia de que hubiera un absentismo mínimo en el centro de trabajo. Esa modificación provocó las quejas de los sindicatos. Sin embargo, durante los últimos años sus críticas se dirigieron más a otros aspectos como la negociación colectiva.
La situación dio la vuelta a finales de octubre, cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el cambio de la reforma laboral era legal alegando la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”. El fallo contó con tres votos particulares bastante duros y llevó a los sindicatos a rescatar su demanda. Los partidos que ahora están en el Ejecutivo se comprometieron, a falta de unos días para que se celebraran las elecciones del 10 de noviembre, a derogarlo si gobernaban.
De acuerdo con esta promesa, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado desde que tomó posesión que su intención era derogar el artículo 52.d —el que regula este despido— cuanto antes. Y, además, suele añadir que este será uno de los puntos que no va a negociar ni con los sindicatos ni con los empresarios. “[En esto] ni siquiera voy al diálogo social. Y se lo he explicado a los agentes sociales desde la convicción de que los derechos humanos no se negocian. La preservación de la salud está por encima de cualquier cuestión”, defendía en una entrevista en EL PAÍS a finales de enero.
Este sería el único punto de la reforma laboral sobre cuya derogación o modificación Díaz dice que no habrá negociación. Sobre el resto, tanto la ministra de Trabajo como el resto del Gobierno se han comprometido a llevar sus planes al diálogo social. Una de las últimas voces del Ejecutivo que se ha pronunciado en este sentido ha sido la titular de Economía, Nadia Calviño, probablemente la compañera más reticente a derogar totalmente la reforma que va a encontrar Díaz en el Consejo de Ministros.
En la entrevista citada, Calviño, dirigiéndose a los inversores de la City londinense, apuntó que los cambios del Gobierno pasarán por el diálogo social. No obstante, como Díaz, excluyó de esas conversaciones la derogación del despido con bajas médicas porque, dijo, había un amplio consenso al respecto.
A partir de ahora y, según los planes expuestos por la ministra Díaz y recogidos en el pacto de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, comienza una derogación y modificación profunda de la reforma laboral en tres fases. En la primera se reestructuraría la negociación colectiva, otorgando la prioridad en la aplicación a los convenios sectoriales frente a los de empresa y recuperando la prórroga indefinida de los convenios caducados hasta su renovación (la llamada ultractividad). También se abordaría la subcontratación. En la segunda se simplificarían las modalidades de contratación y se intentaría acabar con el abuso de la contratación temporal. Y en la tercera y última, los planes legislativos pasan por la “elaboración de un nuevo Estatuto del Trabajo”, en palabras de Díaz.
Estos planes se encontrarán con la resistencia de los empresarios, que estarán en la mesa de negociación representados por la CEOE. Pero también es probable que choquen con las críticas de organismos internacionales o de reguladores como el Banco de España. Precisamente la semana pasada el propio gobernador, Pablo Hernández de Cos, vino a defender su vigencia también en The Financial Times.
Vía elpais.com
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