Las grandes cadenas de supermercados reclaman libertad. Los gigantes del sector se sienten encorsetados por la legislación española y piden que se retiren las trabas que dificultan su actividad.
“Estamos generando riqueza y empleo, queremos que las administraciones -tanto a nivel nacional como autonómico- nos dejen libertad para decidir”, ha observado Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).
La patronal que agrupa a compañías como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y Lidl observa que “el sector de la distribución opera en un marco heterogéneo, cada vez más complejo y cambiante” y denuncia que “lo que más distorsiona es la normativa comercial, que restringe las aperturas de tiendas y los horarios, así como los impuestos específicos”.
Tomando como referencia un estudio realizado a nivel europeo, Del Pino ha criticado que España “es el segundo país europeo con mayores restricciones en materia de horarios comerciales, licencias y fiscalidad”. Según este informe, el coste del cumplimiento de los requisitos legales a los que tienen que hacer frente las empresas del sector “puede llegar a ser de hasta el 6% de la cifra de negocio”, ha comentado el presidente de ACES en el marco de su jornada anual, que en esta edición se ha centrado en la nutrición bajo el lema “Súpersaludables”.
ACES agrupa los más de 3.000 supermercados que tienen los grupos Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y Lidl en España, y que registran 24 millones de visitas semanales, de acuerdo con sus propios datos.
El llamamiento de la patronal de las grandes cadenas de supermercados enlaza con los llamamientos que han hecho recientemente otras patronales como Anged, que agrupa a las grandes superficies, y que ha solicitado una revisión de los impuestos que algunas regiones cobran a estas cadenas por su impacto ambiental, ya que son negativos para el empleo y la competitividad del sector.
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