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viernes, 27 de octubre de 2017

UGT y CCOO rechazan la declaración unilateral de independencia y se reafirman en que la solución está en las elecciones.

COMUNICADO CONJUNTO DE UGT Y CCOO A RAÍZ DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL DIA DE HOY EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA Y EL SENADO.

​UGT y CCOO hemos hecho reiterados llamamientos al diálogo para enfrentar la situación generada en Catalunya convencidos de que estamos ante un problema político que no se podía reconducir con medidas jurídico policiales sino desde la negociación política.

En ese sentido hemos sido profundamente críticos con la posición que el Gobierno de España ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente hemos criticado la estrategia rupturista adoptada por las formaciones que representan al independentismo en Catalunya.

Hemos llegado a plantear que la salida más razonable para configurar un nuevo marco que fuese más favorable a la negociación y el acuerdo pasaba por que el President de la Generalitat convocase elecciones anticipadas y que el Gobierno del Estado suspendiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Nuestros requerimientos han sido desoídos por unos y otros y hoy nos encontramos ante la situación más indeseable y traumática y que más riesgos entraña para la convivencia presente y futura entre ciudadanos y ciudadanas.

Ante esta situación, que podemos calificar de emergencia nacional, CCOO y UGT queremos manifestar:

1.- Rechazamos la declaración unilateral de independencia. La decisión adoptada por poco más de la mitad del Parlament de declarar la independencia se coloca claramente fuera de la legalidad constitucional y de los parámetros por los que se rige la Unión Europea. Esta es una estrategia de confrontación que puede tener funestas consecuencias en la convivencia y que UGT y CCOO no compartimos.

2.- Para CCOO y UGT en la situación creada con las decisiones adoptadas en el día de hoy lo fundamental es preservar la convivencia y evitar la fractura social. Por ello advertimos que no nos vamos a prestar a ninguna estrategia, venga de donde venga, que de una u otra manera conduzca a la confrontación.

3.-UGT y CCOO piden al Gobierno mesura y prudencia a la hora de aplicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros en el ámbito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, situación a la que no se debería haber llegado nunca. Esa prudencia es esencial para evitar la confrontación social. La convivencia democrática y pacífica debe ser el objetivo último que todas más formaciones políticas y sociales deben perseguir, y en primer lugar el propio Gobierno. 

4.- CCOO y UGT seguimos apostando por la reconducción de la situación presente a un clima de normalidad y convivencia mediante la celebración de elecciones al Parlament. En ese sentido la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre es un paso imprescindible para que los ciudadanos catalanes puedan expresarse democráticamente. Por eso nos reafirmamos en que la solución está en la celebración de las elecciones democráticas. 

Pero la convocatoria de elecciones y el período que se abre hasta las mismas no puede convertirse un espacio de confrontación social. Todas las fuerzas políticas y sociales estamos obligados a hacer todo lo posible para que se convierta en un periodo presidido por el diálogo que permita encauzar este conflicto hacia una solución verdadera Que ponga los intereses de los ciudadanos y ciudadanas como el principal foco en el que situar todas las iniciativas.

En el medio plazo consideramos que las disfunciones que se han constatado en el actual Estado de las Autonomías podrían superarse a través de una reforma Constitucional que, entre otras medidas de carácter social y de profundización democrática, dé forma a un Estado Federal. Reforma Constitucional que deberá ser sometida a referéndum de la ciudadanía.

Vía ugt.es

viernes, 13 de octubre de 2017

Días frenéticos en la sede española de Lidl en Barcelona entre amenazas de boicot.

Los supermercados alemanes dijeron la semana pasada que no se moverían de Cataluña mientras no hubiera cambios en la situación jurídica.

La sede española de Lidl en Montcada i Reixac (Barcelona) es durante los últimos días una olla a presión. La inminencia de la proclamación de independencia catalana coloca en una situación muy complicada a una compañía que se ha convertido en el quinto distribuidor de alimentación de España y que, después de muchos años tanteando el terreno con prudencia, decidió hace menos de un lustro ir a por todas en el país con inversiones de cientos de millones cada año coordinadas desde Barcelona.

Cada tuit de Lidl promocionando sus productos y cada comentario en Facebook es respondido con la misma cantinela: "¿Van ustedes a abandonar Cataluña?". "No compraré más en sus tiendas mientras no salgan de Cataluña". Los boicots inverosímiles hace apenas unas semanas se han convertido en realidad y y la empresa alemana, tercera multinacional de la región por facturación tras Volkswagen y Seat, no se ha pronunciado con la suficiente contundencia según la interpretación de muchos consumidores, como sí hicieron los fabricantes de automóviles alemanes a través de su patronal BPI, a la que están adscritos, y que recordó al independentismo que su presencia en Cataluña depende que siga siendo parte de España.

Fuentes oficiales de la compañía rechazan pronunciarse de ningún modo aunque la tensión que se está viviendo y los malos momentos es palpable. Los alemanes tienen un nuevo director general desde el pasado 22 de septiembre, Claus Grande, para quien el problema no es nuevo ya que tiene experiencia de muchos años en Lidl España, como director de ventas desde 2001.

La semana pasada el statement oficial de la compañía decía esto: "como empresa permanecemos atentos a la evolución socio-política de todos los países en los que estamos. No obstante, estamos enfocados en el desarrollo de nuestra estrategia comercial, que no está vinculada a ninguna coyuntura política. Respecto a la hipotética independencia de Cataluña, Lidl no se plantea ningún cambio mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico. Si eso se produjera, tomaríamos las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de nuestro negocio en Cataluña y España, respetando el marco legal que quede establecido".

El comunicado ha sido excesivamente ambiguo para muchos clientes que no están satisfechos con esta postura de los supermercados alemanes e inquieren a la compañía tanto en Twitter como en Facebook, donde muchos de sus mensajes se ven envueltos en un innecesario ruido político.

La compañía factura aproximadamente un 10% de sus 3.500 millones de euros que vende en España con productos de origen catalán. Cuenta con directivos y personal de todo el país, aunque siempre ha estado muy ligada al territorio catalán, donde abrió su primera tienda (Lleida) en 1994. Según su web, en la actualidad posee "una estructura de más de 530 tiendas, ocho plataformas logísticas (Valencia, Vitoria, Sevilla, Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga y Tenerife) y un equipo humano integrado por más de 9.500 profesionales. Cada semana, más de 2,8 millones de clientes depositan su confianza en las tiendas que LIDL tiene repartidas por todo el territorio español", concluye la web.