Los planes de pensiones tienen escasa rentabilidad, las comisiones son altísimas y la información es poco transparente.
La Comisión Europea ha denunciado el carácter regresivo de la fiscalidad de los planes de pensiones.
UGT alerta sobre los intentos de “empobrecer” el Sistema Público de Pensiones en favor de los planes privados de pensiones.
El sindicato insta a buscar consensos, a través del diálogo social y el Pacto de Toledo, para fortalecer el Sistema Público de Pensiones y los derechos de los pensionistas.
La rentabilidad media anual de los Fondos de Pensiones, de 2001 a 2016, fue tan sólo del 2,03%. Una rentabilidad escasa que se explica entre otras razones, por las elevadas comisiones que se pagan (casi en un 40% de los fondos está por encima del 2%). Sólo por este concepto en apenas 6 años, de 2002 a 2008, las entidades financieras duplicaron sus beneficios, pasando de 563 millones de euros a más de 1.000 millones.
A esta reducida rentabilidad (casi nula, si se tiene en cuenta la inflación) se suman las altas comisiones de gestión, muchas de ellas opacas. Por otra parte, buena parte de los fondos no informan adecuadamente a sus partícipes ni de la gestión activa (compras y ventas), así como de la cuantía de las comisiones que pagaron, ni tampoco de la rentabilidad de mantener inactiva la cartera. Por tanto, es difícil mantener una razonable confianza en sus expectativas de evolución, ante la escasa información, y con la alta volatilidad de las gestiones de cartera.
Por tanto, resulta llamativo que sean las entidades financieras, que acaparan los planes de pensiones, las que presionan al Gobierno para que haga públicas las estimaciones de evolución de la cuantía de las pensiones públicas.
Hay tres graves amenazas sobre las que el sistema financiero guarda absoluto silencio
• El sistema de protección fiscal, que no solo discrimina a los aportantes de rentas más reducidas, sino que genera una situación grave de solidaridad invertida, por cuanto la ciudadanía deja de disponer de significativas cantidades de recursos públicos -vía impuestos- en favor de mejoras de la posición de renta de quienes más tienen. De hecho, los datos desagregados de 2012 muestran que la ventaja tributaria permitió reducir en 5.600 millones la base imponible agregada de los contribuyentes y más de la mitad de esa cifra benefició a declarantes con sueldos superiores a 42.000 euros anuales. La Comisión Europea ha denunciado el carácter regresivo de la fiscalidad de los planes de pensiones -cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es el ahorro fiscal- y ha recomendado por ello la supresión total de la exención en el IRPF de las aportaciones.
• La legislación sobre planes de pensiones no permite garantizar rentabilidad alguna a las aportaciones.
• La ausencia de un organismo regulador, eficaz y específico, para garantizar la transparencia del mercado de pensiones privadas y de la protección de los consumidores financieros en caso de insolvencias (no deja de sorprender que se quiera convencer al “ahorrador asustado” por su menguada e incierta pensión pública de que se refugie en los fondos de pensiones privados, pero se “olvide” el pequeño detalle de decirle que no tiene completamente asegurado el cobro).
A pesar de todo, las gestoras y el propio Estado inducen a este tipo de “ahorro”, premiado fiscalmente, aunque las expectativas luego se ven frustradas, en gran medida. La altísima y desproporcionada comisión (por encima del 2%), no solo raya en el carácter abusivo conforme a las leyes de protección de consumidores (en este caso financieros), sino que frustra oportunidades de renta en otros ámbitos que merecerían protección jurídica.
Asimismo, en un número creciente de casos, se producen pérdidas superiores a los beneficios fiscales obtenidos, debido a las comisiones abusivas y a las ineficiencias en la inversión y gestión del capital del ahorrador. Ni las entidades gestoras, ni el Estado, son inocentes en tales casos, abriéndose diversas vías de exigencia de responsabilidad.
Por otra parte, la reciente reforma del Gobierno del PP sobre los planes de pensiones lo único que persigue es facilitar la contratación de los mismos, ya que facilita su rescate sin penalización.
El déficit de la Seguridad Social, ¿estrategia para fomentar los planes privados de pensiones?
UGT considera que el Gobierno podría haber evitado el déficit de la Seguridad Social con otro tipo de políticas y que la “insostenibilidad” del Sistema que no es real, sino que persigue un propósito fomentar los planes privados de pensiones.
Hay que recordar que el Sistema de Seguridad Social ha aguantado bien durante décadas con superávit, hasta las reformas impuestas por el Gobierno desde 2012. La reforma laboral impuesta ese año ha precarizado el empleo y los salarios, sin precedentes en nuestra democracia, que ha hecho que las cotizaciones sociales caigan a mínimos. Por otra parte, se carga a la Seguridad Social muchas cuestiones que no le corresponden, como subvenciones a las empresas para la contratación (que se han demostrado totalmente ineficaces y que no deben pagarse con nuestras cotizaciones)
Por todo ello, el sindicato exige que se clarifiquen las cuentas dela Seguridad Social y que el Gobierno atienda las propuestas sindicales para acabar con el déficit actual. Hay que derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, que empobrece a los pensionistas presentes y futuros y aposar por un sistema público, viable y consensuado, a través del diálogo social y el Pacto de Toledo.
