UGT y CCOO, en el manifiesto del 1º de Mayo de 2018, hacen un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a participar en las distintas movilizaciones convocadas ese día para reclamar mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.
Ambas confederaciones recuerdan que la economía española lleva cuatro años creciendo, que hay más empresas con beneficios, que antes de la crisis y que, sin embargo, la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. La pobreza se ha cronificado y España ocupa ya el puesto 26 de 28 en la UE.
Ambos sindicatos responsabilizan a las políticas económicas del crecimiento de la precariedad y la desigualdad. Consideran que “la devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo, promovidas por la reforma laboral, fomentan una recuperación basada en un reparto desigual de la riqueza y fomenta un modelo de crecimiento asentado en actividades poco productivas”.
Denuncian que el 14% de las personas con empleo son pobres y que los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos (la mitad de los desempleados ya no perciben ninguna prestación)
Asimismo, UGT y CCOO alertan sobre la expansión de las empresas multiservicios, las plataformas digitales y las fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo, con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.
También recuerdan las brechas de género que discriminan a la mitad de la población y la violencia machista que continúa cobrándose la vida de muchas mujeres. En este sentido, califican de “inaceptable” que el Gobierno en su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 millones la partida presupuestaria para combatir la violencia de género.
Respecto a la negociación colectiva, las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO, señalan que la patronal se resiste a que los salarios recuperen poder adquisitivo y que “hay grandes dificultades para avanzar en las negociaciones actuales en torno a un nuevo Acuerdo para 2018 y años posteriores”.
Una negociación colectiva en la que los sindicatos defienden una mejora sustancial de los salarios, en general, y de los más bajos en particular, incluyendo cláusulas de garantía salarial. Asimismo, exigen un aumento de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la inversión productiva. UGT y CCOO consideran, además, imprescindible recuperar el papel central de los convenios sectoriales.
Ambos sindicatos anuncian que lanzarán una “creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad”.
Por otra parte, critican el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Gobierno que, aunque intentan dar una apariencia de social, profundizan en las políticas regresivas y no contribuyen a repartir la riqueza, ni a cambiar el modelo productivo. En relación a las pensiones contienen medidas coyunturales, parciales y erróneas, que “no corrigen los efectos negativos que, para las y los pensionistas de hoy y de mañana, supone la reforma de las pensiones de 2013, adoptada de forma unilateral, por el Gobierno del PP y su mayoría parlamentaria”. En este sentido, afirman que se proseguirá e intensificarán las movilizaciones en defensa del Sistema Público de Pensiones.
El manifiesto tampoco obvia la situación de los 300 sindicalistas que siguen encausados o condenados simplemente por manifestarse o participar en un piquete informativo. Piden descriminalizar el derecho de huelga y de manifestación y derogar la Ley Mordaza.
UGT y CCOO reivindican, además, la inmediata puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos; la necesidad de instaurar un sistema público de servicios sociales; reformar las prestaciones por desempleo para garantizar una cobertura general y prestaciones dignas; y garantizar los derechos y la integración de los inmigrantes, de las personas trabajadoras con discapacidad, con distinta orientación e identidad sexual, en riesgo de exclusión y de las personas que están afectadas por el VIH y el sida.
En el ámbito europeo consideran “imprescindible” dotar al pilar europeo de derechos sociales (PEDS) de las garantías financieras y de los instrumentos jurídicos que posibiliten a la ciudadanía europea convivir en una sociedad más justa y exigen al Gobierno español que sus políticas se ajusten a los compromisos que ha firmado con respecto al PEDS.
