Un padre ha logrado que el Tribunal Constitucional admita a trámite un recurso en el que alega discriminación por la desigualdad entre permisos de paternidad y maternidad.

El pasado mayo, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de amparo de un padre al que se le había denegado la equiparación de su permiso de paternidad con el de maternidad; poniendo sobre el tapete la posibilidad de que se dictamine que es discriminatorio que dichos permisos no sean iguales conforme a la normativa actualmente en vigor.

Teniendo en cuenta que los porcentajes de probabilidad de que un recurso de amparo se admita son ligeramente superiores a los de conseguir una escalera en el póker (aproximadamente un 1%), dicha admisión por sí sola supone indudablemente un importante paso (al menos simbólicamente hablando) hacia la posible equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Equiparación por la que apostó el Congreso en junio, al votar a favor de la tramitación de la ley de permisos parentales iguales e intransferibles para nacimientos, adopciones y acogidas. No obstante, la última propuesta lanzada por el Gobierno en agosto limitaría su aplicación (progresiva) a los funcionarios, esto último en la línea de lo ya acordado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF por la Junta de Andalucía en julio y según está previsto en otras comunidades autónomas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que dicha reivindicación se viene sosteniendo desde hace tiempo por diferentes colectivos (entre otros, por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción), habiéndose generando un amplio debate tanto en torno a su idoneidad como a su alcance. A modo de ejemplo, existen voces que defienden que la prioridad debe ser alargar los permisos maternales, al entender que dentro de la igualdad las mujeres son diferentes, necesitando además la madre de un periodo de recuperación tras el parto. Otras posiciones sostienen que el coste de un mayor permiso de maternidad se debe neutralizar con ayudas a cargo del Estado que incentiven la contratación femenina. Otras mantienen que los permisos han de ser transferibles, como ya ocurre con parte de los mismos en otros países del resto de Europa (como Suecia o Alemania) y que sean los progenitores los que negocien cuál es el reparto que se ajusta mejor al interés común familiar. Y otras abogan por permisos universales, sin que se hagan distinciones entre los trabajadores del sector público y el privado.

Más allá de que todas las posiciones podrían sostenerse con argumentos sólidos (con independencia de que se puedan compartir o no), desde una perspectiva puramente laboral cabría preguntarse si los permisos iguales e intransferibles aumentarían las probabilidades de que la situación de la mujer (madre o no) en el mercado de trabajo se vea favorecida, no solo desde el punto de vista de empleabilidad inicial, sino también de desarrollo profesional, de ingresos y de prestaciones sociales una vez contratada.

El hecho de que las mujeres y los hombres se ausentaran del trabajo y estuvieran protegidos durante el permiso en igual medida, ¿podría llevar a que resulte totalmente indiferente el género de la persona a la hora de su contratación y/o promoción? En ese caso, ¿sería lo relevante exclusivamente sus competencias profesionales y personales, sin tener en cuenta los costes adicionales –tanto económicos como organizativos derivados de sus ausencias durante los permisos- que supone la contratación de una mujer? Del mismo modo, ¿no incentivaría la conciliación, sin que las trabajadoras se vieran obligadas en algunos casos a elegir entre su vida profesional y su vida familiar, mejorando con ello incluso la empleabilidad de aquellas que no tienen hijos?

Puede incluso llegar a ser una victoria compartida con las empresas: ¿no podría ello suponer una mayor retención del talento, el mantenimiento de las inversiones en formación y una mejora de la productividad que beneficie a las empresas?

Por el momento, todos estos interrogantes se podrán ir despejando, en función de las decisiones que adopte el TC y el legislador, si bien parece que ya se han repartido las cartas y que solo queda esperar a ver si estamos ante una jugada definitiva o si habrá que seguir barajando…